Planta de esterilización de equipo médico contamina con sustancias cancerígenas a decenas de miles de alumnos

Series: Sacrifice Zones

Mapping Cancer-Causing Industrial Air Pollution

Jennifer Jinot no esperaba jubilarse antes de tiempo de su trabajo como científica de salud ambiental en el gobierno federal. Había pasado 26 años evaluando los riesgos de las sustancias químicas tóxicas para la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Su trabajo podía ser frustrante, pero sobre todo era gratificante.

Al principio de su carrera profesional, Jinot evaluó las repercusiones que tiene la exposición al humo de segunda mano en la salud. Tardaron cuatro años, a un ritmo que recuerda como “demasiado lento”, para desarrollar una evaluación de riesgos final que se publicó en 1993, en la que se determinó que el humo de segunda mano provoca cáncer pulmonar en los adultos y deteriora el sistema respiratorio de los niños. La industria del tabaco demandó a la agencia. Sin embargo, al final, su trabajo impulsó cambios en las leyes. La victoria fue estimulante para Jinot, que llevaba mucho tiempo soñando con practicar lo que ella llama ciencia “de utilidad social”.

En 2002, Jinot se unió a un equipo de la EPA que estaba evaluando nuevas investigaciones para determinar si el óxido de etileno, una de las sustancias químicas más utilizadas en el mundo, causa cáncer. El gas incoloro y de poco olor que emana de por lo menos 160 plantas de Estados Unidos es un componente fundamental de una cantidad interminable de bienes de consumo y un producto común para la esterilización de equipos médicos. Los colegas de Jinot ya habían pasado cuatro años leyendo estudios, escudriñando datos y consultando a expertos, y ella tenía la esperanza de que no tardarían mucho más. El equipo publicó un proyecto de evaluación en 2006, en el que se determinó que la sustancia química era significativamente más cancerígena de lo que la agencia había concluido anteriormente, y que resultaba especialmente dañina para los niños.

Jinot creía que la evidencia científica urgía a emprender acciones para reforzar los reglamentos medioambientales existentes, pero los grupos de cabildeo de la industria y los ejecutivos de las empresas atacaron el proyecto. Audry E. Eldridge, quien entonces era presidente de la Midwest Sterilization Corporation con sede en Missouri, argumentó en una carta que escribió en 2006 que se mostraba en una “amplia base de datos de estudios toxicológicos y epidemiológicos” que las conclusiones de la EPA eran erróneas. Eldridge, que ayudó a fundar la Asociación de Esterilización por Óxido de Etileno, un grupo comercial que cabildea en nombre de las empresas esterilizadoras, no nombró ningún estudio específico, pero dijo en la carta que el riesgo de cáncer que presentaba la sustancia química era “miles de veces menor que el reflejado en los cálculos de riesgo de la EPA”.

En medio de la presión de los grupos industriales, la agencia aceptó otra ronda de escrutinio por parte de científicos independientes y del público antes de finalizar sus conclusiones. “No quieren publicar nada que pueda ser atacado”, dijo Jinot acerca de la EPA en una entrevista reciente. En una declaración a ProPublica y The Texas Tribune, la EPA defendió su proceso de evaluación de sustancias químicas nocivas para el medio ambiente como “sólido”.

Un proceso que, según un director de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE. UU. debería durar no más de cuatro años, acabó tardando otra década. En 2016, la EPA publicó la versión final de su evaluación. En ella se concluyó que el óxido de etileno es 30 veces más cancerígeno para las personas que lo inhalan continuamente en la edad adulta y 50 veces más cancerígeno para quienes están expuestos desde el nacimiento, en comparación con lo que se pensaba anteriormente. La sustancia química, que altera el ADN del cuerpo humano y aumenta el riesgo de ciertos tipos de cáncer como la leucemia, es especialmente perjudicial para los niños porque sus cuerpos en desarrollo no pueden reparar el daño genético con la misma eficacia que los cuerpos de los adultos.

En la década que tardó la agencia federal en concretar lo que sus frustrados científicos ya sabían, la empresa de esterilización de Eldridge amplió drásticamente sus nuevas instalaciones en la ciudad fronteriza de Laredo, Texas. En un análisis de ProPublica se determinó que la planta emitía mucho más óxido de etileno que cualquier otra planta esterilizadora del país que expide informes acerca de sus emisiones a la EPA.

Al mismo tiempo, las familias vecinas a la planta criaban a una generación de niños que crecerían bajo su sombra.

Karla y César Ortiz tuvieron una niña a la que llamaron Yaneli, en honor a un personaje de la televisión en español que encarnaba la bondad y la humildad, rasgos que esperaban que su hija compartiera. Al pasar los años, su sonriente niña de cabello rizado se aficionó a las manualidades, se hizo fan de la música de los 80 y del K-pop y cuidó a sus dos hermanos pequeños en su casa, situada a menos de cinco millas de Midwest.

Por la misma época, Nidia y Rafael Nevares criaron a sus dos hijos, Rafael Jr. y Juan José, o JJ, a unas dos millas de la planta. JJ, el más joven de los dos, era más extrovertido y hacía amigos rápidamente. Una de sus actividades favoritas era apartar a su hermano mayor de la computadora para jugar a las escondidas en el jardín delantero de su casa.

El informe sobre el óxido de etileno que la EPA publicó en 2016 no sería legalmente exigible hasta que la agencia lo incorporara en sus nuevos reglamentos. Aun así, inspiró a muchos estados a tomar medidas enérgicas contra las instalaciones industriales que emitían la sustancia química, lo cual lograron por medio de demandas judiciales, reglamentos estatales más estrictos, monitoreo del aire y estudios sobre conglomerados de cáncer. Sin embargo, Texas tomó la dirección opuesta y se convirtió en el único estado que rechazó oficialmente las conclusiones de la agencia. En agosto de 2017, la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, la agencia estatal reguladora del medio ambiente, anunció que pondría en marcha una revisión del método científico de la EPA; al final, dictaminó que la sustancia química era significativamente menos tóxica de lo que había determinado la agencia federal. El resultado fue que Texas promulgó una nueva norma con la que se podría permitir que las plantas emitieran mayores cantidades de esta sustancia química.

En 2018, dos años después de que la EPA publicara su informe final, a JJ le diagnosticaron leucemia linfocítica aguda, un cáncer que se ha relacionado con la exposición al óxido de etileno. Un mes después, cumpliría 6 años.

“¿Has visto una novela mexicana?”, dijo su madre, Nidia Nevares. “Eso fue lo que pasó, como en una telenovela. Lloramos y lloramos, en shock, totalmente en shock”.

A Yaneli la diagnosticaron poco después. En junio de 2019, tres meses antes de cumplir 13 años, los médicos descubrieron que tenía el mismo tipo de cáncer que JJ.

Para entonces, Jinot ya no estaba en la EPA. Se sentía frustrada por la creciente influencia de la industria sobre la agencia y por una burocracia que paralizaba la investigación científica crítica. Así que, en 2017, cuando la administración de Trump trató de reducir la cantidad de personal de la agencia ofreciendo a los empleados la compra de sus puestos, Jinot aceptó.

“Ya no podía soportar más el proceso”, dijo. “No hay razón para que se demore tanto”.

En la obscuridad

Los reguladores, que tenían pruebas de los peligros que plantea el óxido de etileno, dejaron en la obscuridad a las comunidades como Laredo, donde la gran mayoría de los residentes son hispanos y más de una cuarta parte vive en la pobreza, ya que nunca informaron al público al respecto.

De todos los contaminantes que regula la EPA, el óxido de etileno es el más tóxico porque contribuye a la mayor parte del exceso de riesgo de contraer cáncer que crean los contaminantes atmosféricos industriales en Estados Unidos, según un análisis sin precedentes de los datos de modelización más recientes de la agencia realizado por ProPublica en colaboración con The Texas Tribune. Este riesgo se suma a los que ya corren los estadounidenses por otros factores como la genética o el estilo de vida.

La EPA afirma que se esfuerza por minimizar la cantidad de personas expuestas a emisiones que crean un riesgo superior a 1 en 1 millón de contraer cáncer, lo que significa que si un millón de personas se expusieran a los contaminantes tóxicos del aire durante una vida de 70 años, probablemente se produciría al menos un caso adicional de cáncer. Sin embargo, la agencia es mucho más indulgente en cuanto al riesgo de cáncer que considera inaceptable: más de una muerte adicional por cáncer por cada 10,000 personas.

En el análisis de ProPublica sobre el óxido de etileno se evaluó el impacto de la sustancia química para un nivel de riesgo intermedio, de 1 en 100,000, que según los expertos no protege lo suficiente la salud pública. Utilizando ese umbral, en el análisis, que examinó los datos de 2014 a 2018, se muestra que más del 60 % de los 6.9 millones de estadounidenses que se enfrentan a un mayor riesgo de cáncer por la contaminación atmosférica industrial están en peligro únicamente por su exposición al óxido de etileno (aunque el análisis identifica el riesgo elevado por áreas geográficas, no puede utilizarse para determinar las causas específicas de los casos individuales de cáncer).

El riesgo es especialmente grave en Texas, que es el estado que más contamina con óxido de etileno y donde se ubican 26 instalaciones que emiten esta sustancia química. El estado se destaca no solo por el enorme riesgo al que se enfrentan sus residentes, sino porque se ha convertido en un aliado clave para las empresas que emiten o utilizan óxido de etileno. Texas ha luchado contra los reglamentos federales de emisiones que son más estrictos, incluso cuando muchos otros estados, entre ellos varios que están en manos de republicanos, han promulgado controles más estrictos para la sustancia química.

En la costa del Golfo de Texas se encuentran algunas de las mayores y más tóxicas zonas de riesgo detectadas en el análisis de ProPublica, donde la mayor parte de las ciudades de Houston, Port Arthur y Beaumont están expuestas a un riesgo a menudo muy superior al de 1 en cada 100,000 personas.

No obstante, si se observa el riesgo de todas las sustancias químicas, excepto el óxido de etileno, estas zonas de riesgo se reducen drásticamente, lo que demuestra el enorme impacto de esta sustancia química.

Según el análisis, Laredo, que cuenta con más de 260,000 habitantes, se encuentra entre las 20 zonas de riesgo del país con mayores niveles de riesgo excesivo de cáncer. La planta de Midwest en Laredo expidió en promedio mucho más óxido de etileno que cualquier otra planta esterilizadora del país durante el período de cinco años que abarca el análisis, el cual utilizó los cálculos de emisiones que Midwest le informó a la EPA. La planta eleva el riesgo estimado de contraer cáncer a lo largo de la vida de casi la mitad de los residentes de Laredo a por lo menos 1 en 100,000, según el análisis. Más de 37,000 de ellos son niños.

Midwest dijo en un comunicado que el riesgo de cáncer que representa su planta esterilizadora es exagerado, y afirmó que las emisiones que reportó a la EPA constituyen “el peor de los casos”, y no niveles específicos de contaminación. De hecho, la ley exige a las empresas que reporten cálculos “razonables” de lo que emiten a la atmósfera.

En 2019, la EPA ordenó a sus oficinas regionales que advirtieran a más de dos docenas de comunidades que enfrentan los mayores riesgos de contaminación por óxido de etileno, incluidas las que están cerca de las plantas esterilizadoras de Midwest en Laredo y Jackson, Missouri.

Armados con esa información, los residentes de todo el país se organizaron y presionaron a sus funcionarios electos para que actuaran. Los procuradores generales de Illinois y Georgia demandaron a las plantas de esterilización por supuestas infracciones de contaminación atmosférica, y los legisladores promulgaron reglamentos más estrictos para la sustancia química. El gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, apoyó la iniciativa. Se formó una coalición bipartidista de diputados de Illinois, Georgia y Pennsylvania, a fin de presionar a la EPA para que adoptara un reglamento más estricto sobre el óxido de etileno que reflejara los hallazgos de la evaluación final de la agencia.

Las reuniones incluso provocaron cambios en la planta de Midwest en Jackson, donde “instalaron voluntariamente controles adicionales para reducir las emisiones”, informó Ben Washburn, portavoz regional de la EPA.

No obstante, la región de la EPA a cargo de supervisar Texas y Louisiana se quedó atrás. A pesar de que en la región se encuentra la mayor cantidad de instalaciones de óxido de etileno de “alta prioridad”, hasta marzo de 2020 no se había programado ni una sola reunión relacionada con este contaminante. “Estas comunidades no han tenido la misma oportunidad de interactuar con los reguladores federales y estatales para informarse sobre el tema”, se comunicó ese mes en una alerta urgente de la Oficina del Inspector General de la EPA. En ninguna parte de los dos estados de la región se llevaron a cabo las primeras reuniones con la comunidad hasta agosto de 2021, dos años después de la directiva de la EPA.

En Laredo siguen esperando.

Más de 100 residentes de Laredo con los que se comunicaron ProPublica y el Tribune dijeron que no habían oído hablar del riesgo de cáncer que supone la planta. Solo uno de ellos sabía de su existencia. Este mes, la EPA reconoció en un comunicado a ProPublica y al Tribune que aún no había informado a los residentes de Laredo de los riesgos de cáncer relacionados con el óxido de etileno. Madeline Beal, asesora principal de comunicación de riesgos de la EPA, dijo que la agencia reconoce “la importancia crítica de la divulgación y la comunicación con el público para informar a los residentes afectados sobre el riesgo y, en última instancia, para abordarlo”.

Beal también sugirió que la agencia federal no es la única responsable de informar y proteger a los residentes. Dijo que los estados están en la mejor posición para “llevar a cabo investigaciones adicionales y más refinadas, así como para la divulgación adecuada entre las comunidades afectadas”.

“Estos esfuerzos dirigidos por el estado”, agregó, “ya han generado la reducción de emisiones y los beneficios que se esperan para la salud pública en varias áreas”.

Niños en riesgo

Nidia Nevares, contadora en una empresa camionera y de transporte de carga en el norte de Laredo, estaba trabajando en su oficina a principios de este año cuando su teléfono celular empezó a timbrar. El corazón se le encogió cuando vio en el identificador de llamadas que se trataba del Hospital Infantil de San Antonio. No había estado esperando esa llamada.

Hacía casi dos años que JJ había vuelto a casa tras permanecer 10 meses en la Casa Ronald McDonald de San Antonio, después de su primera ronda de tratamiento contra la leucemia. El proceso había sido brutal, ya que el personal médico le había implantado puertos en el pecho, es decir, accesorios para tubos de acceso a las venas cercanas al corazón, casi cada semana.

Al final, las células cancerosas que se habían multiplicado en el pequeño cuerpo de JJ quedaron suficientemente mermadas y se le permitió volver a casa, a Laredo, para terminar su tratamiento. JJ siguió tomando fármacos de quimioterapia y haciendo viajes quincenales a San Antonio, a donde muchas familias de Laredo tienen que acudir porque en esa ciudad no hay ningún hospital infantil. Iba lo suficientemente bien como para que su familia empezara a planear un viaje a Orlando Florida, donde podría subirse a las montañas rusas con su hermano mayor.

Sin embargo, el médico que hizo la llamada ese día le dio una noticia devastadora.

El cáncer de JJ había vuelto, y probablemente se había extendido a la columna vertebral y al cerebro. Tendría que volver a San Antonio durante al menos un año para reiniciar un plan de tratamiento más agresivo.

“Es extremadamente difícil. Estas son llamadas y momentos que no esperas que ocurran”, dijo Nevares. “Es muy, muy difícil”.

La Dra. Susan Buchanan, directora del Centro de Salud Reproductiva y Ambiental Infantil de los Grandes Lagos de la Universidad de Illinois en Chicago, dijo que el óxido de etileno no debe descartarse como factor en los diagnósticos de JJ y Yaneli, dada su proximidad a la planta de Midwest y la cantidad de esa sustancia química que libera.

La leucemia linfocítica aguda, el cáncer que padecen JJ y Yaneli, es el tipo de cáncer más común entre los niños, aunque los casos pediátricos siguen siendo raros en comparación con los adultos. En un estudio también se descubrió que la enfermedad es especialmente prominente entre los jóvenes latinos. En los estudios realizados en la última década se han descubierto vínculos entre la contaminación atmosférica tóxica y los mayores índices de cánceres de sangre entre los niños, incluidos el linfoma y la leucemia linfocítica aguda.

“Los niños son especialmente susceptibles a cualquier cosa que esté en el aire”, dijo Buchanan. “No deberíamos poner guarderías y escuelas cerca de las plantas que emiten óxido de etileno”.

Más del 40% de los casi 70,000 escolares de Laredo asisten a escuelas situadas en zonas con un riesgo elevado de cáncer superior a 1 en 100,000 relacionado con las emisiones de óxido de etileno de la planta de Midwest, según el análisis de ProPublica y el Tribune.

JJ asistió a la escuela primaria Julia Bird Jones Muller, la cual, al igual que su casa, está situada a menos de dos millas de la planta de Midwest. El análisis de ProPublica muestra que la zona en la que se encuentra la escuela se enfrenta a un riesgo elevado de cáncer de 1 en 3,700 estimado a lo largo de la vida. Esta cifra es casi tres veces superior al nivel de riesgo máximo de 1 en 10,000 que la EPA considera aceptable, lo que la convierte en la escuela de mayor riesgo de Laredo y una de las de mayor riesgo del país.

La familia Nevares se mostró sorprendida y enfadada después de que ProPublica y el Tribune les informaron acerca del riesgo de cáncer que suponía la planta. Desde la EPA hasta los gobiernos estatales y locales, los funcionarios de todos los niveles deben responsabilizarse de proteger a los estadounidenses, dijeron los familiares.

“Piensas que puedes confiar en las autoridades, que deberían regular las empresas antes de permitir que estén tan cerca de los residentes o de las escuelas, y tal vez trasladar la empresa a algún lugar más alejado”, dijo la tía de JJ, Sara Montalvo Saldaña, que ha sido una de sus principales cuidadoras. “Tal vez, como estamos en la frontera, simplemente no prestan tanta atención”.

Los dirigentes del Distrito Escolar Independiente Unido de Laredo dijeron que “no teníamos conocimiento de la planta de Midwest Sterilization ni de ningún posible riesgo que pudiera suponer para nuestros estudiantes y personal” hasta que las organizaciones de noticias comenzaron a hacer preguntas. A petición del distrito, la Comisión para la Calidad Ambiental de Texas (Texas Commission on Environmental Quality, TCEQ) efectuó una reunión virtual el 14 de mayo con los directivos de la escuela, en la cual se les informó que habían inspeccionado las instalaciones cinco veces en los últimos cuatro años como parte de sus controles rutinarios y que no habían encontrado ninguna infracción importante.

Los funcionarios de la escuela indicaron que los representantes de la TCEQ no mencionaron una denuncia que investigaron el año pasado, en la cual se alegaba que la planta de Midwest en Laredo falsificó las lecturas de las emisiones de óxido de etileno durante una década. En la denuncia se alegaba que un dispositivo que Midwest utilizaba para determinar la cantidad de la sustancia química en el aire había arrojado lecturas de cero desde 2007 hasta 2017.

La investigadora de la TCEQ asignada al caso, Sheila Serna, obtuvo expedientes de Midwest en los que se confirmaba que el instrumento no había estado detectando óxido de etileno en el aire, pero no pudo determinar la causa porque la empresa sustituyó el aparato hace poco. Aun así, Serna instó a su jefe, Arnaldo Lanese, a remitir el asunto a la división penal de la agencia para una investigación más detallada.

“Parece muy poco probable que las lecturas de las emisiones antes de la instalación de este nuevo sistema fueran realmente de cero”, escribió Serna en un correo electrónico obtenido por ProPublica y el Tribune.

Lanese respondió que en la investigación no había suficiente información para ameritar dicha acción, pero se ofreció a hablar del asunto con Serna en persona. Los expedientes indican que la denuncia no fue remitida a una investigación penal.

Midwest se rehusó a responder a preguntas específicas sobre la denuncia, pero en un comunicado se informó que la empresa cumple o supera las normas reguladoras locales, estatales y federales. La TCEQ no respondió a las preguntas sobre la denuncia y se negó a permitir que Serna o Lanese estuvieran disponibles para una entrevista.

Después de que los directivos escolares plantearan sus preocupaciones, la TCEQ adquirió un equipo de monitoreo que le permitió tomar una única muestra de aire de 10 minutos afuera de la planta de Laredo en junio. La agencia estatal le informó a ProPublica y al Tribune que no encontró ninguna violación de las normas de calidad del aire de la TCEQ.

Todd Cloud, un consultor en calidad del aire que revisó los expedientes de la investigación de la TCEQ a petición de ProPublica y el Tribune, calificó de “basura” el monitoreo del aire realizado por la agencia.

“Es una maniobra de relaciones públicas”, dijo Cloud, quien trabajó para la industria de los combustibles fósiles durante más de 20 años antes de convertirse en consultor de grupos ecologistas. “Salir durante 10 minutos con un analizador de mano es una ridiculez”.

La defensa de la industria: un beneficio médico

A pesar de los riesgos para la salud que suponen las emisiones de óxido de etileno, la industria de la esterilización defiende el argumento de que esta sustancia química es un beneficio neto para la salud pública.

Durante años, la industria ha luchado contra reglamentos medioambientales más estrictos al destacar la función que desempeña el óxido de etileno en la esterilización de equipos médicos, y ha representado dicha función como algo vital para el sistema de salud.

En una conferencia celebrada en Cincinnati en febrero de 2020, la toxicóloga Lucy Fraiser presentó los hallazgos preliminares de un estudio en el que se pretendía comparar el riesgo de la contaminación por óxido de etileno con el daño que causaría su prohibición para la industria médica. Fraiser informó a los científicos del gobierno y de la industria que la prohibición de la sustancia química podría reducir la exposición de una “cantidad relativamente pequeña” de personas que viven y trabajan cerca de las plantas de esterilización. Sin embargo, agregó que esa medida tendría, en última instancia, un impacto limitado en la exposición general, ya que la sustancia química también está presente en los gases de los escapes de los automóviles, el humo de los cigarrillos, los alimentos y los productos de consumo.

“Si se prohibiera el uso de óxido de etileno en la esterilización de equipos y dispositivos médicos, el riesgo mucho más tangible de infecciones relacionadas con la atención médica podría aumentar en todo Estados Unidos”, dijo Fraiser, según las minutas de la conferencia obtenidas por ProPublica y el Tribune.

Cuando Fraiser terminó su presentación, un asistente le preguntó quién había patrocinado su investigación. Fraiser respondió que estaba trabajando para Midwest Sterilization Corporation, a la que se refirió como una pequeña empresa privada con sede en Missouri. Posteriormente, le informó a ProPublica y al Tribune que había dejado a un lado el estudio debido a la falta de datos, pero que eventualmente podría retomarlo.

Desde que abrió su primera planta en Missouri en 1976, Midwest se ha convertido en la mayor esterilizadora por contrato de propiedad privada del país. Actualmente desinfecta alrededor del 40 % de las bandejas de procedimientos médicos a nivel nacional, según el comunicado que envió a ProPublica y al Tribune.

La empresa lleva décadas luchando contra la adopción de reglamentos más estrictos para el óxido de etileno y la industria de la esterilización. En varias ocasiones, la EPA ha dispensado los requisitos que habrían reducido la contaminación por óxido de etileno de las plantas esterilizadoras, incluso mientras que al mismo tiempo reforzaba reglamentos para otros tipos de instalaciones que emiten dicha sustancia. Entre ellos, la agencia suspendió los requisitos de que en las plantas esterilizadoras se instale un tipo específico de equipo de control de la contaminación para reducir las emisiones de cierto tipo de respiraderos. También eximió permanentemente a la industria de un programa de permisos federales que le habría impuesto un nivel adicional de supervisión.

Beal, el consultor de la EPA, dijo en un comunicado que se sigue requiriendo que las empresas esterilizadoras cumplan una regla federal que dicta los niveles máximos de contaminación de sus instalaciones. Sin embargo, en 2006, el mismo año en que Jinot y sus colegas publicaron su proyecto de evaluación, la EPA decidió no actualizar esa regla, alegando que cualquier requisito adicional supondría una reducción mínima de la contaminación con un costo importante para las empresas.

Texas defendió los beneficios de la industria de la esterilización para la medicina en los primeros meses de la pandemia de coronavirus, cuando finalizó una nueva norma para el óxido de etileno que ofrece mucho menos protección que el parámetro de referencia anterior de la EPA y del propio estado. El 15 de mayo de 2020, la TCEQ declaró que las personas podrían inhalar con seguridad 2,400 partes por billón de óxido de etileno a lo largo de su vida. En contraste, el parámetro de referencia de riesgo por inhalación de la EPA es mucho más estricto, de 0.1 partes por billón. La TCEQ informó en un comunicado de prensa que la nueva norma “llega durante un período único de tensión para la industria médica del país”.

Varios científicos, entre ellos Jinot, denunciaron que la conclusión de la TCEQ era errónea. Señalaron que la revisión, en la que se determinó que el óxido de etileno tenía “poco potencial carcinogénico para el ser humano”, excluyó erróneamente los estudios que relacionan la exposición al óxido de etileno con el cáncer de seno y se basó en una cuidadosa selección de análisis de los mismos estudios en los que se basó la EPA.

La TCEQ defendió su evaluación en una declaración a ProPublica y al Tribune, diciendo que mejoraba el trabajo de la EPA y que su “decisión de excluir el cáncer de seno como criterio de valoración estaba respaldada por estudios revisados por pares”.

“Con el apoyo de las investigaciones científicas más actuales, el nuevo límite sigue protegiendo a las personas que viven cerca de las instalaciones que emiten óxido de etileno, a la vez que proporciona flexibilidad para que la industria de la esterilización médica continúe desempeñando su propia función crítica en la atención de los pacientes del estado de Texas”, declaró la TCEQ en su comunicado de prensa de mayo de 2020.

La mayor ventaja de la norma de Texas para las empresas, según los críticos, es que les evita tener que reducir drásticamente las emisiones existentes, lo que tendrían que hacer si el estado siguiera la evaluación de la EPA.

“Ciertamente, detiene el motor regulador de las reducciones masivas a nivel estatal que estamos viendo en otros estados”, dijo Cloud. “Protege las operaciones existentes de óxido de etileno”.

Mustapha Beydoun, vicepresidente y director de operaciones de la organización sin fines de lucro Houston Advanced Research Center, la cual efectúa estudios sobre la calidad del aire para los gobiernos locales y la industria, dijo que es preocupante que la TCEQ y la EPA estén tan distanciadas en un asunto tan crucial.

“La TCEQ va en dirección contraria, ya que básicamente dice que está bien si te bañas con este material”, agregó. “¿Por qué existe este desacuerdo?”

“Ya hemos llegado hasta aquí”

En un día fresco y soleado de finales de septiembre, Yaneli se lamentaba mientras permanecía a la entrada de la capilla de la Iglesia Cristiana Misericordia luciendo su vestido de baile color azul real. Ni siquiera sus padres, que rara vez la ven llorar, pudieron determinar si las lágrimas de la adolescente eran producto del agudo dolor que le recorría las piernas o de sus vivas emociones con motivo de la celebración de su histórico 15º cumpleaños.

Las píldoras de esteroides que Yaneli tomó durante casi dos años como parte de su tratamiento contra la leucemia le destruyeron tanto tejido del hueso de la cadera que le duele moverse. A Karla y a César Ortiz les preocupaba que su hija fuera a necesitar una silla de ruedas para recorrer el largo pasillo de la iglesia para recibir la tradicional bendición de quinceañera con la que las jóvenes se convierten en mujeres. No sabían si podrían bailar con ella bajo las estrellas en la recepción.

No obstante, Yaneli insistió en ponerse de pie y, más tarde, en bailar. Esa tarde, sus padres caminaron del brazo con ella hacia el altar y la mantuvieron firme mientras se movía en la pista de baile.

Esa noche, Karla Ortiz recordó cómo dos años antes había estado a punto de perder a su hija.

Poco después del diagnóstico de cáncer de Yaneli, la familia se mudó a Corpus Christi, que sí cuenta con un hospital infantil. Yaneli desarrolló una grave infección que su pequeño cuerpo tuvo problemas para combatir porque el cáncer había agotado casi por completo su recuento de glóbulos blancos sanos. Los médicos acababan de terminar de practicarle dos intervenciones quirúrgicas de varias horas de duración para eliminar de su cuerpo las bacterias que se habían proliferado.

Finalmente, un cirujano entró a la misma habitación donde semanas antes le habían diagnosticado el cáncer a Yaneli. Por medio de un intérprete, les dijo a Karla y a César Ortiz que su hija no estaba respirando por sí misma y les ofreció dos opciones: podían mantener a Yaneli con soporte vital, donde probablemente permanecería el resto de su vida, o quitarle el respirador, lo cual calculaba que le daría dos o tres días de vida. César Ortiz se arrodilló para rezar. En sus manos estaba la biblia que siempre llevaba consigo.

Después de cuatro horas de agonía, la pareja decidió que retiraran los tubos que, según los médicos, mantenían a Yaneli con vida. “Sufriremos si ella sufre, y no podemos permitir que eso ocurra”, recuerda haber pensado Karla Ortiz. Por recomendación del personal médico del hospital, los padres de Yaneli llamaron a sus familiares y les pidieron que hicieran el viaje de dos horas y media de Laredo a Corpus Christi para despedirse de ella.

Karla Ortiz apenas durmió la noche antes de que los médicos retiraran los tubos del frágil cuerpo de Yaneli, ya que sentía náuseas. Cuando llegó el momento, aunque Yaneli permanecía inconsciente, de pronto comenzó a respirar por sí misma. Tres semanas después, se despertó.

Esto fue una bendición para la pareja, y reforzó la decisión de la madre de no perderse otro momento con su hija.

Así que dejó su trabajo en mercadotecnia para ocuparse de Yaneli a tiempo completo. Este sería el segundo empleo que dejaba desde que le habían dado el diagnóstico de su hija cinco meses antes. La pareja necesitaba el dinero, pero Yaneli los necesitaba más. Devolvieron al concesionario un auto que aún estaban pagando, lo cual afectó su crédito y obstaculizó su sueño de comprar una casa.

Dos años más tarde, de regreso en Laredo, no solo conmemoraron la quinceañera de su hija, sino que marcaron el tan esperado final de su batalla contra el cáncer.

El lunes siguiente a su celebración, Yaneli estaba de vuelta en el hospital infantil de Corpus Christi. Le dolían tanto las piernas que sentía como si las tuviera fracturadas.

Tendrían que reemplazarle las dos caderas, pero el cirujano no quería interrumpir los últimos meses de su tratamiento, que estaba programado para terminar el 3 de diciembre.

Una vez terminada la quimioterapia, Yaneli tendrá que volver al hospital para las cirugías de la cadera.

“Los médicos dicen que después de eso realmente no podrá volver a correr”, dijo Karla Ortiz. “Pero por lo menos ya hemos llegado hasta aquí”.

“Laredo no puede ser una zona de sacrificio”

Más de 75 residentes de Laredo se apiñaron este mes en un centro recreativo de la ciudad, situado a unas dos y media millas de la planta de Midwest. Los líderes locales organizaron la reunión después de que los reporteros de ProPublica y el Tribune empezaron a hacer preguntas acerca de la planta de Midwest. Eso atrajo tanto interés, que algunos residentes tuvieron que presenciar la reunión desde dos salas cercanas, mientras que otras 50 personas se sintonizaron a una transmisión en vivo.

“Uno de los mayores problemas es que no lo sabíamos”, dijo Tricia Cortez, directora ejecutiva del Rio Grande International Study Center, un grupo medioambiental local que se enfoca principalmente en la contaminación del agua. Se enteraron del asunto en la primavera, explicó, gracias a los periodistas investigadores. “En cuanto nos enteramos, nos quedamos realmente atónitos al sumergirnos en las bases de datos de la EPA, y nos dimos cuenta de que el público tenía que enterarse de esto y de que teníamos que abordarlo de inmediato”.

Durante casi tres horas, los residentes expresaron su indignación por el hecho de que los funcionarios del gobierno no les hubieran alertado del riesgo de cáncer que representa la planta de Midwest. Escucharon a los organizadores de Illinois que se habían movilizado para cerrar una planta de óxido de etileno en su comunidad, e intercambiaron historias sobre seres queridos a quienes se les había diagnosticado cáncer recientemente. También hicieron circular una petición en la que le piden a la EPA que celebre una reunión con la comunidad y refuerce los reglamentos. “Que se sepa que Laredo no puede ser una zona de sacrificio para servir al resto del país”, dijo un residente.

Un médico de la autoridad de salud de la ciudad planteó la posibilidad de poner en marcha un programa piloto para recopilar muestras de sangre de 3,000 residentes de Laredo con el fin de analizar las mayores concentraciones de óxido de etileno. Un representante de la recién creada Clean Air Laredo Coalition, que se formó en respuesta al reportaje, dijo que sus miembros están presionando al ayuntamiento de la ciudad para que solicite que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades realicen análisis de sangre a los niños que asisten a los recintos escolares de las zonas que presentan un riesgo excesivo de cáncer. Además, los miembros del ayuntamiento de Laredo aseguraron a los residentes que los funcionarios del gobierno local se basarían en la evaluación final de riesgos de la EPA, y no en la visión más indulgente adoptada por la TCEQ, para sopesar los riesgos de cáncer.

Algunos funcionarios dicen que ese es solo el principio de lo que se necesita. El congresista Henry Cuellar, demócrata por Laredo, ha estado presionando a las oficinas regionales de la EPA para que finalmente celebren la reunión que se les pidió que organizaran hace años. “Lo peor que pueden hacer es ocultar esto”, dijo Cuellar. En noviembre, después de que ProPublica publicara un mapa que mostraba la propagación de sustancias químicas cancerígenas procedentes de miles de fuentes de contaminación atmosférica peligrosa en todo el país, incluida la planta de Midwest en Laredo, David Gray, director regional de la EPA en Texas, respondió a la petición de Cuellar. Gray dijo que la EPA estaba hablando de una reunión comunitaria con el grupo medioambiental local y que Cuellar podría participar en su programación.

Beal, de la EPA, dijo que la administración de Biden ha “intensificado su compromiso de proteger la salud del público contra las emisiones atmosféricas tóxicas de las instalaciones industriales”. Agregó que el óxido de etileno, en particular, es una prioridad importante. La agencia trazó un calendario de tres años para reforzar los reglamentos sobre una serie de contaminantes y comunicar los riesgos al público. Eso incluye proponer un reglamento actualizado para las esterilizadoras que utilizan óxido de etileno como Midwest en algún momento durante los próximos meses, mediante el cual se podría exigir que las instalaciones reduzcan las emisiones de óxido de etileno.

Thomas McGarity, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas que en su día trabajó en la Oficina Jurídica de la EPA, se mostró escéptico de que la administración vaya a ser tan contundente como promete, sobre todo con los estados que se resisten a seguir su ejemplo.

“La administración de Biden ha hablado mucho, pero vamos a ver qué van a obligar a los estados a hacer”, dijo McGarity. “La EPA tiene mucho poder, pero siempre se ha mostrado reacia a utilizarlo”.

Cinco años después de que Jinot y sus colegas publicaran su evaluación de riesgos actualizada sobre el óxido de etileno, la agencia todavía no ha incorporado los hallazgos científicos a la mayoría de los reglamentos medioambientales que rigen la cantidad de sustancias químicas que pueden emitir las instalaciones. El reglamento que sí actualizó, el cual reduciría la contaminación por óxido de etileno de ciertas plantas químicas aproximadamente en una tonelada en total, se enfrenta a una demanda de grupos ecologistas que sostienen que es insuficiente.

Por su parte, el Consejo Estadounidense de Química, que representa a la industria química, pidió formalmente a la EPA que considere utilizar la norma de Texas en lugar de la suya. El grupo sugirió que la evaluación de la EPA es anticuada porque es anterior a la evaluación de la TCEQ.

La EPA aceptó estudiar la solicitud, pero aún no ha tomado una decisión. “No sé qué está pasando ahora, que piensan que deben reabrirla”, dijo Jinot. “No contiene nada nuevo. Simplemente es una alternativa muy defectuosa y llena de errores. Es muy desalentador”.

Jinot dijo que ha intentado desconectarse desde su jubilación hace cuatro años, pero que sigue viéndose involucrada para defender conclusiones científicas que ya podrían haber dado lugar a reglamentos más estrictos para proteger a las comunidades vulnerables.