El 15 de octubre de 2020, agentes estadounidenses tomaron la notable decisión de arrestar al exsecretario de la defensa de México, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, acusándolo de conspirar en la protección de narcotraficantes. Aunque ya se había retirado del cargo ministerial, Cienfuegos era el funcionario mexicano más importante que había sido acusado jamás en un tribunal estadounidense. Sin embargo, un mes después, el Departamento de Justicia tomó una decisión aún más extraordinaria al retirar los cargos.
El procurador general de Estados Unidos, William P. Barr, dijo que su principal objetivo en repatriar a Cienfuegos era preservar la colaboración de México con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Pero la detención del general y sus repercusiones tuvieron el efecto contrario: prácticamente pusieron fin a la cooperación antidrogas entre ambos países. Menos de dos meses después de su regreso, los fiscales mexicanos exoneraron a Cienfuegos después de realizar una investigación aparentemente superficial, lo cual puso de manifiesto la impunidad con la que han actuado los militares en la lucha contra el narcotráfico. El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó entonces a atacar a las autoridades de Estados Unidos, y específicamente a la Administración de Control de Drogas o DEA, por haber “fabricado” sus acusaciones contra el general.
El año pasado, México abandonó la Iniciativa Mérida, el histórico acuerdo establecido en 2007, por medio del cual Estados Unidos le proporcionó a México más de $3,500 millones de dólares en ayuda y adiestramiento para la lucha contra el crimen organizado. El nuevo pacto que sustituyó al de Mérida sigue muy de cerca las condiciones de López Obrador, dejando a las operaciones conjuntas contra los grandes traficantes como una consideración secundaria. Mientras tanto, el fentanilo procedente de México está alimentando la epidemia de drogas más mortífera de la historia de Estados Unidos.
Los investigadores de Estados Unidos creyeron que con la detención de Cienfuegos por fin enfrentarían la corrupción de alto nivel que durante mucho tiempo ha sostenido al crimen organizado de México. En cambio, dicen ahora, es probable que el episodio defina los límites de la política de seguridad de Estados Unidos en México hacia el futuro.
El caso Cienfuegos surgió de una investigación rutinaria de la DEA en Las Vegas y de una palabra clave: “padrino”.
El agente que impulsó la investigación era un detective de la policía de Las Vegas llamado Timothy Beck. Casi no hablaba español y nunca había trabajado en México. Pero Beck y otros agentes construyeron un sólido caso contra los líderes de una violenta banda de narcotraficantes llamada “los H”, cuya sede se encontraba en el pequeño estado de Nayarit, en la costa del Pacífico.
Mediante intervenciones telefónicas autorizadas por los tribunales de Estados Unidos, la fuerza de tarea de Las Vegas recopiló comunicaciones de la banda durante varios años. Los agentes estadounidenses siguieron al líder del grupo, Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como el H-2, mientras trabajaba en estrecha colaboración con funcionarios corruptos de Nayarit. Los agentes observaron cómo el H-2 y sus lugartenientes buscaban entonces la protección de funcionarios de alto nivel en la Ciudad de México. A uno de ellos le decían “padrino”. Los agentes llegaron más tarde a la conclusión de que ese funcionario era Cienfuegos.
(El General Cienfuegos no respondió a preguntas enviadas a través de su abogado en Nueva York, Edward Sapone, pero este dijo: “El general Cienfuegos nunca debió ser acusado. Y ninguna acusación desestimada ni noticia periodística cambiará eso. El hecho es que el general Cienfuegos sigue siendo lo que presume la jurisprudencia estadounidense: inocente”).
Una fuente clave en la investigación desató una tormenta en el seno del gobierno estadounidense.
A principios de 2017, un equipo de operaciones especiales de la marina mexicana abatió al H-2 y a su principal lugarteniente, junto con otros pistoleros. La unidad militar, bajo el mando del renombrado almirante Marco Antonio Ortega Siu, había colaborado estrechamente con la DEA y otras agencias estadounidenses durante años. Sin embargo, los funcionarios de la DEA no recibieron ningún aviso de que el equipo de la marina iba a dar caza a los H.
(No fue posible contactar a Ortega Siu para que hiciera comentarios. Un portavoz de la Secretaría de la Marina mexicana dijo que la institiución no tenía contacto con el almirante, y declinó contestar preguntas sobre las acciones de los marines en Nayarit, diciendo que era necesario que esas operaciones siguieran siendo confidenciales por razones de seguridad nacional).
Poco después de la muerte de los H, el procurador general en funciones de Nayarit, Edgar Veytia, fue detenido al cruzar a Estados Unidos. Veytia les narró a los investigadores una historia estremecedora sobre lo que, según él, había ocurrido realmente en la incursión de los infantes de marina.
Altos funcionarios del Departamento de Justicia apelaron confidencialmente a la procuraduría general mexicana para que investigara el asunto. Sin embargo, unos funcionarios estadounidenses dijeron que al parecer los mexicanos no hicieron nada al respecto. La DEA trabajó agresivamente para desacreditar a Veytia, a quien veían como un peligro para sus colaboradores más importantes de México. Sin embargo, los funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que pudieron corroborar muchas de las afirmaciones de Veytia en torno al operativo militar.
La acusación contra Cienfuegos formaba parte de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos para acabar con la corrupción de alto nivel en México a causa del narcotráfico.
Detrás de la acusación del general en el distrito este de Nueva York había un nuevo esfuerzo conjunto de agentes de la DEA y fiscales para hacer frente a la corrupción de alto nivel que, según las autoridades estadounidenses, ha sostenido durante mucho tiempo el tráfico de drogas en México. Los fiscales estaban reaccionando en gran parte a las incómodas declaraciones hechas en el juicio de 2018 del jefe narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, donde hubo testigos que declararon que el capo les había pagado enormes sobornos a altos funcionarios mexicanos.
Por su parte, los funcionarios de la DEA en México se sentían frustrados por las limitaciones que les había impuesto el nuevo gobierno de López Obrador. Después de ponerse en contacto con los fiscales del distrito este, un equipo de agentes experimentados empezó a analizar las pruebas que tenían sobre figuras del gobierno que habían protegido a bandas de narcotraficantes. Ese esfuerzo, del que no se ha informado anteriormente, identificó eventualmente a más de 20 objetivos, entre funcionarios y exfuncionarios mexicanos, para posible acción legal.
La devolución de Cienfuegos a México fue decisión de William Barr.
Después de la detención de Cienfuegos, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, se quejó airadamente ante los funcionarios estadounidenses de que habían traicionado la confianza de México. Ebrard advirtió que la cooperación antidrogas, e incluso la presencia de la DEA en México, podrían estar en juego. Según varios funcionarios, Barr decidió por su cuenta abandonar el caso más importante de corrupción mexicana que los fiscales estadounidenses habían presentado jamás.
El procurador general dijo después que no le habían informado debidamente de la detención de Cienfuegos, pero funcionarios y exfuncionarios del Departamento de Justicia rebatieron esa afirmación. Dijeron que le habían informado a Barr por lo menos en tres ocasiones antes de la detención del general. (A través de un portavoz, Barr declinó hacer comentarios sobre su participación en el caso Cienfuegos). Barr tenía dudas sobre la solidez de las pruebas contra Cienfuegos, informaron funcionarios del departamento, pero les dio pocas oportunidades a los fiscales del distrito este de defender su caso. Según las autoridades, las evidencias del caso incluían a algunos testigos que podrían declarar sobre la relación de la banda con Cienfuegos y otros traficantes que dijeron haberse reunido directamente con el general.
Barr no consultó al presidente Donald Trump ni a altos funcionarios de otras agencias de seguridad nacional sobre su decisión, dijeron los funcionarios. Tampoco estableció ninguna condición para el regreso del general, informaron los funcionarios estadounidenses y mexicanos. En lugar de ello, Barr hizo hincapié en el interés que Washington tenía en un narcotraficante mexicano fugitivo, Rafael Caro Quintero, quien había sido condenado por asesinar a un agente de la DEA en 1985. Caro Quintero fue detenido por fin en julio. Barr también le pidió al gobierno mexicano que protegiera las pruebas confidenciales que los funcionarios estadounidenses habían compartido en el caso Cienfuegos. En lugar de ello, López Obrador sacó la información públicamente y más tarde la desestimó como “basura”.
Traducido al español por Mónica E. de León, revisado por Deya Jorda.
